La administración del presidente Donald Trump detuvo a 379 000 personas migrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, informó este martes ante el Congreso el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Representantes, Lyons detalló que dentro de ese total hay más de 7 000 presuntos miembros de pandillas y más de 1 400 individuos identificados como terroristas confirmados o sospechosos. El funcionario afirmó que la agencia sigue “comprometida con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente al país deben rendir cuentas”, y defendió las operaciones de detención como parte de la política migratoria del Gobierno.

El anuncio ocurre en medio de un clima político tenso por las acciones de la agencia migratoria en Minnesota, donde la presencia ampliada de agentes federales ha sido criticada tras incidentes que incluyeron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos en Minneapolis. Las muertes —de Renée Good y Alex Pretti— desencadenaron protestas y debates sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales, y han llevado a que legisladores de ambos partidos cuestionen prácticas de la agencia.

Legisladores demócratas han aprovechado la audiencia para exigir restricciones más claras a las acciones de ICE, incluyendo límites para entrar a viviendas sin orden judicial y la prohibición o regulación en el uso de máscaras por parte de los agentes durante operativos, medidas que consideran necesarias para proteger derechos civiles. Por su parte, algunos republicanos han defendido la labor de la agencia y responsabilizado a políticas locales que limitan la cooperación con las fuerzas federales por complicar las operaciones.

La comparecencia de Lyons también se desarrolla en el contexto de negociaciones en el Congreso para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los demócratas han condicionado su apoyo a reformas que restrinjan la autoridad de los agentes migratorios, advirtiendo que sin cambios el DHS podría enfrentar un cierre administrativo si no se alcanza un acuerdo antes del fin de semana.

Expertos en política migratoria señalan que las cifras de arrestos reflejan tanto la prioridad del Gobierno en aplicar una política migratoria estricta como la tensión creciente entre las exigencias de seguridad fronteriza y las preocupaciones por el respeto a derechos civiles y debido proceso. Algunos informes recientes indican que la mayoría de los detenidos por ICE carecen de antecedentes penales violentos, lo que ha alimentado la discusión pública sobre las prioridades de las detenciones.

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