El juez federal Brian Murphy, del distrito de Massachusetts, declaró ilegal una política del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) que permitía deportar migrantes a “terceros países” sin notificación previa ni una oportunidad real de impugnar la decisión.

Murphy falló a favor de un grupo de extranjeros que promovió una demanda colectiva contra el gobierno federal, al considerar que la medida aplicada durante la administración de Donald Trump viola la ley federal de inmigración y el derecho constitucional al debido proceso. No obstante, suspendió su decisión por 15 días para permitir una apelación.

Señalamientos por falta de debido proceso

La política, emitida en marzo y reafirmada en julio, autorizaba enviar a personas a países distintos al establecido en su orden de deportación, siempre que existieran supuestas “garantías” de que no serían perseguidas o torturadas. Aunque en teoría los migrantes podían expresar temor, no se obligaba a los oficiales a preguntarles si temían ser enviados a ese destino.

En su fallo, el juez cuestionó la transparencia de esas garantías diplomáticas y subrayó: “Estas son preguntas básicas que la Constitución permite que una persona se haga antes de que el Gobierno le quite su último y único recurso vital”. Murphy, designado por el expresidente Joe Biden, sostuvo que nadie puede ser privado de su vida o libertad sin el debido proceso legal.

Casos polémicos y revisión en la Corte Suprema

Como parte de la agenda de deportaciones masivas, el gobierno contactó a Costa Rica, Panamá y Ruanda, además de pactar con El Salvador para detener venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El juez también acusó a la administración de proporcionar información falsa en el caso de un guatemalteco identificado como OCG, quien pese a contar con protección legal fue deportado. La disputa llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que en junio permitió temporalmente reanudar estas deportaciones mientras continúan los litigios.

Con este nuevo fallo, el tribunal de Massachusetts vuelve a frenar una herramienta clave de la política migratoria de la administración Trump, al advertir que las garantías diplomáticas no sustituyen el derecho constitucional al debido proceso.

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