Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este viernes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) permitir que los migrantes detenidos en el centro conocido como Alligator Alcatraz tengan acceso a asesoría legal, en medio de crecientes denuncias por presuntos abusos dentro de la instalación ubicada en Florida.

La jueza federal Sheri Polster Chappell instruyó además a ICE y a la División de Gestión de Emergencias de Florida a publicar información clara para que abogados puedan contactar a las personas detenidas en el centro, situado al oeste de Miami.

La decisión responde a una demanda presentada por organizaciones civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU) y Sanctuary of the South, que denunciaron violaciones al debido proceso y restricciones al acceso legal para los migrantes.

Según Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, el fallo representa “una gran victoria” y reafirma que el acceso a asesoría legal es un derecho constitucional y no un privilegio.

Centro migratorio bajo escrutinio

El centro de detención, inaugurado en julio de 2025 en los pantanos de los Everglades, se ha convertido en un símbolo de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. La instalación ha sido objeto de críticas constantes por su ubicación y condiciones operativas.

El complejo enfrenta ahora un renovado escrutinio político luego de que senadores demócratas exigieran una investigación formal por denuncias consideradas “creíbles”.

Acusaciones de abusos y presión política

Los senadores Jon Ossoff y Dick Durbin enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional solicitando indagar presuntos castigos contra migrantes, incluyendo confinamiento en pequeñas jaulas conocidas como “la caja”.

De acuerdo con los legisladores, algunos detenidos habrían permanecido esposados durante horas bajo el sol, sin acceso suficiente a agua o alimentos, condiciones que podrían violar estándares federales y acuerdos internacionales contra la tortura.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una respuesta detallada sobre las acusaciones, mientras continúan las acciones legales y el debate político en torno al centro migratorio.

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