La nueva barrera económica de EE. UU. para ciudadanos de 40 países
20/01/2026 - Hace 4 meses en InternacionalLa nueva barrera económica de EE. UU. para ciudadanos de 40 países
En un movimiento sin precedentes para frenar la estancia irregular de visitantes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos inicia este miércoles 21 de enero de 2026 la fase final de su programa piloto de fianzas para visas de turismo y negocios (B1/B2). Bajo esta medida, ciudadanos de países considerados de «alto riesgo» —incluyendo a Cuba y Venezuela— deberán depositar sumas que oscilan entre los 5,000 y 15,000 dólares como garantía de retorno a sus naciones de origen.
¿Cómo funciona el depósito?
La fianza no se paga de forma generalizada, sino que es una condición impuesta por el funcionario consular durante la entrevista tras evaluar el riesgo de sobrestadía del solicitante.
Montos: $5,000, $10,000 o $15,000 USD.
Plataforma única: El pago se realiza exclusivamente a través de Pay.gov mediante el Formulario I-352, una vez autorizado por el cónsul.
Restricción de puertos: Quienes viajen con esta fianza solo podrán ingresar y salir por aeropuertos designados como JFK (Nueva York), LAX (Los Ángeles) u ORD (Chicago), entre otros.
Países afectados este 21 de enero
A partir de mañana, la lista de naciones bajo este requisito se amplía drásticamente. Entre los países que se suman este miércoles destacan:
Latinoamérica y Caribe: Cuba, Venezuela, Dominica, Antigua y Barbuda.
África y Asia: Argelia, Nigeria, Senegal, Nepal, Bangladesh, Argelia y Tayikistán.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido enfático: el dinero se devolverá de forma automática si el viajero sale de EE. UU. en el tiempo autorizado o si la visa vence sin usarse. Sin embargo, el visitante perderá la fianza íntegramente si se queda un solo día más de lo permitido o si intenta solicitar un cambio de estatus (incluyendo asilo) dentro del territorio estadounidense.
Este programa busca fortalecer el control migratorio sin suspender la emisión de visados, aunque organizaciones de derechos humanos han señalado que la medida crea una «barrera de clase» que excluye a viajeros legítimos sin recursos económicos suficientes.
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