Julia Benítez, una solicitante de asilo de 79 años que padece demencia senil, fue liberada del centro de detención Eloy, en Arizona, luego de permanecer nueve meses bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), informó la congresista estadounidense Adelita Grijalva.

La legisladora confirmó la liberación tras haber visitado recientemente a la mujer dentro del centro migratorio y describir las condiciones que enfrentaba. “Me alegra saber que pronto Julia podrá abrazar a su hija y a sus nietos”, expresó Grijalva al anunciar la noticia.

Benítez llegó a Estados Unidos en mayo de 2025 por la garita de Lukeville, donde solicitó asilo político. Durante su detención, su estado de salud se deterioró considerablemente debido a padecimientos como demencia senil, diabetes e hipertensión, además de haber sido aislada tras contraer un caso grave de influenza.

Una visita que evidenció su situación

Tras encontrarla el pasado 18 de febrero, la congresista relató la experiencia en redes sociales y aseguró que fue una de las más difíciles de su carrera. “Hay una mujer de 80 años con demencia que no entiende por qué está ahí… pensó que la estábamos llevando con nosotros”, narró.

Grijalva calificó el caso como parte del “costo real de las inhumanas políticas migratorias” impulsadas durante la administración de Donald Trump. El diario Arizona Daily Star, primer medio en reportar la historia, señaló que dentro del centro de detención Benítez era conocida como “La abuela”.

Según el testimonio de su hija, la mujer llegó con lapsus de memoria ocasionales, pero tras meses en un entorno desconocido y sin cuidados individualizados, su condición cognitiva empeoró hasta el punto de no reconocer dónde se encontraba.

Obstáculos legales y solicitud de asilo

Registros judiciales revelan que a Benítez se le negó una audiencia para evaluar su liberación bajo fianza debido a que estaba sujeta a detención obligatoria tras ingresar sin autorización al país. No obstante, especialistas recuerdan que ICE tiene facultades discrecionales para otorgar libertad condicional humanitaria.

Liz Casey, trabajadora social del Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados, señaló que desde la administración Trump se han registrado “negativas generalizadas” a este tipo de solicitudes.

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