A lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, al menos 1,500 restos de migrantes indocumentados permanecen en morgues, laboratorios y cementerios sin identificar, atrapados en un entramado de procesos forenses, vacíos legales y gestiones burocráticas que pueden prolongarse durante años. Detrás de cada caso hay historias de desaparición, búsqueda y duelo inconcluso.

La cifra, recabada tras consultas a decenas de condados en estados como California, Arizona, Nuevo México, Texas y Florida, refleja solo una aproximación: la falta de un sistema unificado impide conocer el número exacto de cuerpos sin identificar o sin repatriar. En Estados Unidos, no existe una norma federal que regule el manejo de restos humanos en estos casos, por lo que cada estado —e incluso cada condado— aplica sus propios procedimientos.

En este contexto, iniciativas como Operación Identificación, del Centro de Antropología Forense de la Universidad Estatal de Texas, buscan devolver identidad a quienes murieron en la travesía. Desde 2013, el proyecto ha analizado más de 500 restos humanos y ha logrado identificar a 140 personas, aunque decenas siguen a la espera de ser devueltas a sus países de origen.

Una de las especialistas del equipo describe el proceso como un esfuerzo minucioso y humano: examinan huesos, ropa y objetos personales en busca de pistas, mientras resguardan cada caso en cajas individuales. Según explican, cada conjunto de restos representa una vida, independientemente de su estado de conservación.

El problema se agrava en zonas como el condado de Pima, en Arizona, donde desde el año 2000 se han registrado 3,895 muertes de migrantes, de las cuales 1,386 personas siguen sin ser identificadas. En muchos casos, solo quedan fragmentos óseos o cenizas, almacenados en instalaciones temporales a la espera de nuevas tecnologías o coincidencias genéticas.

Expertos forenses señalan que, tras agotar pruebas como ADN, huellas o registros dentales, el proceso depende en gran medida de las familias. Sin denuncias formales o muestras genéticas para comparación, los casos quedan en pausa indefinida. “Sin alguien que los busque, no se pueden resolver”, sintetiza un investigador.

Las dificultades no son únicamente técnicas. Las diferencias legales entre jurisdicciones generan retrasos en autopsias, identificación y repatriación. En algunos condados sin recursos, los cuerpos pueden ser enterrados como indigentes o cremados tras periodos limitados, lo que reduce las posibilidades de identificación futura.

A esto se suman obstáculos económicos y diplomáticos. La repatriación puede costar entre 4,000 y 6,500 dólares, una cifra inalcanzable para muchas familias. En otros casos, la falta de cooperación consular o requisitos administrativos prolonga el proceso incluso después de confirmar la identidad.

Historias documentadas muestran búsquedas que duran años. Familias recorren hospitales, centros de detención y morgues, mientras esperan confirmaciones que a veces llegan tarde o nunca. Para muchas, la incertidumbre se convierte en una forma prolongada de duelo: no saber qué ocurrió impide cerrar el ciclo.

Según datos de organismos internacionales, más de 4,200 migrantes murieron entre 2014 y 2024 al intentar cruzar la frontera desde México, aunque se estima que la cifra real es mayor debido a cuerpos nunca recuperados. Algunos quedan en el desierto; otros, en el mar.

Pese a las limitaciones, organizaciones forenses y humanitarias insisten en la importancia de preservar restos y pertenencias. Fotografías, rosarios, documentos o incluso fragmentos de papel con números telefónicos pueden ser clave para reconstruir identidades. En algunos casos, han sido estos objetos los que permitieron a una familia reconocer a su ser querido.

El objetivo, coinciden especialistas, va más allá de lo técnico: dar nombre a los muertos y permitir su regreso a casa. Sin embargo, mientras persistan las brechas legales, económicas y de coordinación institucional, miles de migrantes seguirán en un limbo forense, esperando ser identificados.

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