La Administración del presidente Donald Trump presentó este miércoles un balance oficial de la denominada «Operación Metro», defendiendo la presencia de fuerzas federales en Minnesota como un pilar de la seguridad pública. Según datos difundidos por la Casa Blanca, el despliegue iniciado a mediados de 2025 ha resultado en la detención de más de 4,000 inmigrantes acusados de delitos graves, incluyendo asesinato, narcotráfico y pertenencia a pandillas.

La vocera presidencial, Karoline Leavitt, calificó las cifras como un «logro sin precedentes». El comunicado enfatiza que los operativos, ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, se centraron en individuos que representan una amenaza directa para la comunidad. Sin embargo, este informe surge en un contexto de alta sensibilidad social tras el fallecimiento de dos ciudadanos estadounidenses, Nicole Good y Alex Pretti, quienes murieron por disparos de agentes federales en incidentes separados durante el mes de enero.

En un giro inesperado, el ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, anunció el retiro inmediato de 700 agentes de la región. Homan atribuyó esta decisión a una mejora en la colaboración de las autoridades locales de Minneapolis, lo que permitiría realizar las tareas de control en un entorno más seguro y con menor resistencia institucional.

«Debido a este aumento sin precedentes de la colaboración y la necesidad de menos agentes para hacer este trabajo, vamos a rebajar nuestra presencia hoy mismo», aseguró Homan en conferencia de prensa.

Pese a los datos de criminalidad presentados por el Gobierno, la opinión pública mantiene el foco en los daños colaterales. Organizaciones civiles han denunciado detenciones arbitrarias de menores, destacando el caso de Liam Conejo, un niño de 5 años que fue enviado a un centro de detención en Texas antes de ser liberado el pasado fin de semana.

Las constantes protestas y plantones en Minnesota sugieren que, aunque el número de efectivos disminuya, la exigencia de justicia por las muertes de Good y Pretti continuará siendo el principal foco de fricción entre el Gobierno Federal y la población civil.

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