La comunidad migrante mexicana en Texas enfrenta un entorno de mayor vulnerabilidad marcado por actos de discriminación, abusos laborales y amenazas relacionadas con su situación migratoria, advirtió Dolores Aviña Gómez, representante de la Asociación Guanajuatense del Estado de Texas.

En entrevista, la activista explicó que muchas personas indocumentadas optan por no denunciar irregularidades o agresiones debido al temor de ser reportadas ante autoridades migratorias, situación que, aseguró, afecta distintos aspectos de su vida cotidiana, desde el trabajo hasta el acceso a vivienda.

Aunque aclaró que la asociación no ha recibido denuncias formales vinculadas directamente con centros laborales, señaló que sí existen testimonios recurrentes sobre prácticas intimidatorias hacia trabajadores migrantes, especialmente en el sector de la construcción.

Aviña Gómez indicó que una parte importante de la mano de obra en ese rubro está integrada por personas sin documentos migratorios, condición que —dijo— algunos empleadores aprovechan para incumplir pagos o lanzar amenazas una vez concluidos los trabajos.

La representante migrante relató que han identificado casos en los que trabajadores contratados para remodelaciones son intimidados al momento de exigir el pago acordado, en un contexto donde el miedo a una posible deportación inhibe cualquier intento de denuncia.

Además de los conflictos laborales, la activista alertó sobre prácticas abusivas en la renta de viviendas, donde algunos arrendadores solicitan depósitos más altos o cobran tarifas adicionales bajo el argumento de que los solicitantes carecen de documentos legales.

Según explicó, estas cuotas extraordinarias son presentadas como requisitos especiales para personas indocumentadas, pese a que dichas condiciones no tienen sustento legal. Sin embargo, el temor a tener problemas con autoridades migratorias provoca que muchos migrantes acepten las condiciones sin presentar reclamos.

Aviña Gómez lamentó que el miedo se haya convertido en un factor permanente en la vida de numerosos mexicanos que residen en Estados Unidos, al grado de limitar incluso el ejercicio de derechos básicos.

La situación ocurre en un contexto de creciente tensión migratoria en varias entidades de Estados Unidos, donde organizaciones civiles han advertido sobre el impacto que generan las políticas de control migratorio y los discursos antiinmigrantes en comunidades trabajadoras, particularmente entre quienes carecen de documentación regular.