El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enfrenta un escrutinio crítico tras confirmarse el fallecimiento de 11 migrantes bajo su custodia entre enero y los primeros días de marzo de este año. Esta tendencia sigue a un 2025 que cerró con 31 muertes, la cifra anual más alta registrada en los últimos 20 años, lo que ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos sobre la calidad de la atención médica en los centros de detención.

Los reportes oficiales detallan casos alarmantes, como el de Emanuel Cleeford Damas, ciudadano haitiano que murió en Arizona tras complicaciones respiratorias que sus familiares vinculan a una infección dental no tratada. Asimismo, se registraron los decesos de Pejman Karshenas Najafabadi, de origen iraní, y el mexicano Alberto Gutiérrez Reyes, quienes presentaron cuadros críticos de salud mientras permanecían retenidos. Los fallecidos provienen de diversas nacionalidades, incluyendo Guatemala, Camboya, Nicaragua, Honduras y Cuba, muchos de ellos trasladados a hospitales civiles solo cuando su estado ya era terminal.

Ante los cuestionamientos, el ICE emitió una declaración asegurando que se brinda «atención médica integral» a todos los detenidos. No obstante, defensores de los inmigrantes exigen investigaciones independientes y mayor transparencia, argumentando que las enfermedades crónicas y las infecciones simples se están convirtiendo en sentencias de muerte debido a la burocracia y la falta de especialistas en los centros. El debate escala en el Congreso, donde se cuestiona si el presupuesto federal está siendo utilizado efectivamente para garantizar la vida de quienes esperan la resolución de su estatus migratorio.

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