Organizaciones defensoras de derechos civiles aseguraron que no dejarán de luchar hasta lograr el cierre definitivo del centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, en Florida, luego de que una jueza federal ordenara permitir acceso a abogados a las personas detenidas en el recinto.

El fallo judicial obligó al Servicio de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement – ICE) a garantizar asesoría legal para los migrantes y a publicar información sobre cómo los abogados pueden contactarlos, tras una demanda impulsada por grupos civiles.

La decisión fue celebrada por la American Civil Liberties Union (ACLU) y Sanctuary of the South, organizaciones que han denunciado durante meses presuntas violaciones al debido proceso dentro del centro.

“No dejaremos de luchar hasta que este sitio abusivo cierre por completo de una vez por todas”, afirmó Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, al reaccionar al fallo.

Un centro bajo creciente presión legal y política

La orden fue emitida por la jueza federal Sheri Polster Chappell, quien instruyó a las autoridades migratorias y estatales permitir el acceso efectivo a representación legal, considerado un derecho constitucional en Estados Unidos.

“Alligator Alcatraz”, abierto en julio de 2025 en una zona pantanosa cercana a los Everglades, se ha convertido en un símbolo de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, generando fuertes críticas por sus condiciones y ubicación aislada.

Activistas sostienen que los migrantes han permanecido incomunicados y con dificultades para contactar abogados, situación que motivó acciones legales para frenar lo que califican como abusos sistemáticos.

Senadores se suman a exigencia de investigación

El debate se intensificó luego de que los senadores Jon Ossoff y Dick Durbin solicitaran una investigación federal por “acusaciones creíbles” de malos tratos contra detenidos.

Los legisladores denunciaron castigos en espacios reducidos conocidos como “la caja”, donde migrantes habrían sido esposados y expuestos al sol sin comida ni agua, condiciones que —según señalaron— podrían violar estándares internacionales de derechos humanos.

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