Miembros del Partido Republicano iniciaron una serie de gestiones políticas para anular la sentencia judicial Plyler v. Doe, un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos que garantiza el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria en escuelas públicas para todos los niños, sin importar su estatus migratorio.

La iniciativa, que comenzó como discusiones estatales en lugares como Tennessee, ha escalado hasta llegar a oficinas de alto nivel en la Casa Blanca, según reportó The Hill. La propuesta forma parte de una ampliación de las políticas de control migratorio impulsadas durante la administración de Donald Trump, inicialmente enfocadas en universidades y restricciones de visados estudiantiles.

Argumentos republicanos y debate en el Congreso

Durante una reciente sesión del subcomité judicial de la Cámara de Representantes, legisladores republicanos señalaron que la Corte Suprema habría excedido sus funciones al emitir el fallo, argumentando principalmente el impacto económico que implica la educación de menores sin estatus legal permanente.

“Es hora de que afrontemos la situación y revoquemos el fallo Plyler v. Doe. Es hora de que el Congreso y los tribunales aborden las flagrantes deficiencias de esta decisión judicial y, finalmente, liberen a los texanos y a todos los estadounidenses de esta carga”, declaró el representante republicano por Texas, Chip Roy.

El legislador añadió que las dificultades de aprendizaje detectadas en esta población deberían abrir “un debate más amplio sobre las exigencias que recaen sobre las escuelas y los educadores”, al considerar que los recursos públicos son limitados.

Participación de la Casa Blanca y posibles cambios

De acuerdo con The New York Times, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, sostuvo reuniones con representantes de Texas para analizar la posibilidad de suspender el financiamiento educativo destinado a estos menores y permitir que cada estado decida si cubre o no dichos costos.

Un estudio del Centro de Estudios de Inmigración citado por The Hill estimó que en 2021 alrededor de 3.2 millones de estudiantes del sistema público pertenecían a hogares encabezados por inmigrantes sin permiso legal. No obstante, autoridades educativas reconocen que no existen cifras oficiales definitivas sobre cuántos alumnos se encuentran en esta situación.

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