En el marco de la 70ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) en la sede de la ONU, la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) lanzó una alerta contundente: el actual paradigma de seguridad impuesto por la administración de Donald Trump ha imposibilitado el acceso a la justicia para las mujeres en movilidad.

La organización denunció que la militarización y la externalización de las fronteras, avalada por diversos gobiernos de la región, ha creado un sistema de control que actúa como un filtro represivo. Según la Red, este modelo no solo restringe el derecho al asilo, sino que entrega las rutas migratorias al control criminal, dejando a las mujeres en una vulnerabilidad extrema donde denunciar la violencia de género a menudo deriva en detenciones migratorias o deportaciones forzadas.

Desprotección Estatal y Miedo

Los datos presentados durante la sesión son reveladores de una crisis de confianza institucional: el 69% de las víctimas de amenazas a su seguridad optan por no denunciar. Los motivos son estructurales: un 40% teme represalias y un 38% considera que no obtendrá justicia debido a que las instituciones de defensa presentan debilidades críticas, con un 29% de defensorías que carecen totalmente de un enfoque de género. Ante este escenario, la RMMSyM instó a los Estados miembros a desvincular el control migratorio del acceso a la justicia, asegurando que el cuidado a las sobrevivientes de violencia sea una garantía de supervivencia y no un trámite burocrático de riesgo.

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