Para miles de latinos en Estados Unidos, tener una cuenta bancaria es una herramienta esencial para cobrar salarios, pagar renta y enviar dinero a sus familias. Sin embargo, una nueva propuesta legislativa en Arizona encendió las alarmas entre comunidades migrantes y organizaciones civiles al plantear restricciones que podrían dejar a inmigrantes indocumentados fuera del sistema financiero formal.

El Proyecto de Ley del Senado 1421 (SB 1421), impulsado por la senadora republicana Wendy Rogers, propone limitar el acceso a servicios financieros mediante mayores controles de verificación migratoria. La iniciativa busca restringir el uso de identificaciones consulares, licencias especiales e incluso el ITIN, documento fiscal utilizado por millones de personas sin número de Seguro Social.

Según el planteamiento, las medidas incluirían limitar la apertura de cuentas bancarias, restringir créditos y exigir verificaciones más estrictas del estatus migratorio, bajo el argumento de combatir la economía informal.

Impacto potencial en la vida diaria

Especialistas y organizaciones advierten que, de aprobarse, la ley podría provocar efectos inmediatos en la vida cotidiana. Muchas personas tendrían que manejar su dinero únicamente en efectivo, aumentando riesgos de robos o pérdidas y complicando el cobro de salarios.

Además, el acceso a vivienda podría verse afectado, ya que numerosos arrendadores solicitan transferencias o historial bancario. También se prevé que el envío de remesas se encarezca, debido a una mayor dependencia de servicios informales.

Actualmente, varios bancos en Estados Unidos permiten abrir cuentas usando un ITIN, una práctica que autoridades financieras han promovido como parte de políticas de inclusión económica.

Un debate que va más allá de Arizona

La propuesta aún se encuentra en etapa legislativa y no ha sido aprobada, por lo que no existen cambios inmediatos. No obstante, expertos consideran que refleja una tendencia más amplia en distintos estados que buscan endurecer políticas migratorias mediante restricciones indirectas.

En los últimos años, entidades como Texas y Florida han impulsado medidas similares que impactan el acceso de inmigrantes a servicios formales. Para analistas, el debate actual enfrenta dos modelos opuestos: la inclusión financiera frente a la exclusión económica.

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