La administración de Donald Trump anunció acciones legales para revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que presuntamente cometieron fraude durante sus procesos migratorios. El Departamento de Justicia informó que presentó demandas contra 17 ciudadanos naturalizados acusados de diversos delitos graves, entre ellos abuso sexual de menores, narcotráfico y fraude bancario.

Entre las personas incluidas en los procedimientos de desnaturalización figuran dos mexicanos: María Lourdes Montoya, de 63 años, y Armando Mendoza, de 39. Según las autoridades estadounidenses, ambos habrían ocultado información relevante durante sus trámites de naturalización. La medida forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Casos de los mexicanos señalados

De acuerdo con el Departamento de Justicia, María Lourdes Montoya obtuvo beneficios migratorios tras presentarse como esposa de un ciudadano estadounidense fallecido décadas antes. La investigación sostiene que conocía el uso indebido de esa identidad por parte de su esposo y que aprovechó esa situación para obtener la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía.

En el caso de Armando Mendoza, el gobierno estadounidense asegura que recibió imágenes sexualmente explícitas de menores en 2009 y que omitió esos antecedentes cuando solicitó la naturalización en 2011. Dos años después se declaró culpable del delito.

Endurecen política migratoria

El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que quienes engañan al sistema migratorio enfrentarán consecuencias legales. Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que el gobierno utilizará todas las herramientas legales disponibles para expulsar a quienes obtuvieron la ciudadanía mediante fraude.

Las autoridades estadounidenses señalaron que, si los procesos prosperan en los tribunales, los involucrados perderán todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense y volverán a su estatus migratorio previo. Esto podría abrir la puerta a procedimientos de deportación, dependiendo de cada caso y de las resoluciones judiciales correspondientes.

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