El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destinado más de 250 millones de dólares para financiar programas que permiten a policías locales participar en operativos migratorios, una estrategia que ha generado críticas por su impacto en derechos civiles.

A través de los llamados modelos ‘Task Force’, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorga facultades a autoridades locales para detener migrantes. De acuerdo con la organización FWD.us, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado estos acuerdos, recibiendo más de 100 mil dólares por institución.

Incentivos económicos y aumento de detenciones

Documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), filtrados en marzo, revelan que los agentes comienzan a recibir bonos adicionales tras realizar su primer arresto migratorio, lo que ha encendido alertas sobre posibles abusos.

Cuando la iniciativa fue anunciada en septiembre de 2025, el DHS aseguró que el objetivo era capturar a “lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas”.

Sin embargo, datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse indican que más del 70% de los migrantes detenidos no han sido condenados por ningún delito, y quienes sí enfrentan cargos, en su mayoría son por faltas menores como infracciones de tránsito. Además, el programa contempla compensaciones por la detención de menores no acompañados, lo que ha intensificado la polémica.

Impacto en estados clave y críticas al modelo

Florida y Texas concentran la mayor participación en estos acuerdos, con 270 y 161 departamentos policiales, respectivamente. Tan solo Florida ha recibido más de 149 millones de dólares, mientras que Texas supera los 13 millones en financiamiento federal.

En total, se estima que entre 13 mil 800 y 15 mil 800 policías han sido capacitados para realizar funciones migratorias, ampliando significativamente el alcance del sistema.

Organizaciones civiles advierten que esta estrategia representa un cambio estructural en la política migratoria, al trasladar funciones federales a cuerpos locales, lo que podría aumentar la presión sobre comunidades migrantes y profundizar prácticas discriminatorias.

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