La política contra migrantes en Argentina impulsada por el gobierno de Javier Milei ha generado temor entre comunidades extranjeras y organizaciones de derechos humanos. Activistas, abogados y especialistas denuncian que las nuevas medidas buscan favorecer la irregularidad migratoria para justificar operativos y deportaciones.

La ofensiva oficial incluye modificaciones a la ley migratoria mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), además de operativos policiales masivos en barrios populares. Según organizaciones civiles, el endurecimiento de controles replica estrategias aplicadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Lourdes Rivadeneyra, activista peruana radicada en Buenos Aires desde hace más de tres décadas, aseguró que la comunidad migrante atraviesa un escenario sin precedentes. “La gente está muy asustada por la persecución del gobierno”, afirmó.

Nuevas restricciones complican la residencia permanente

El decreto firmado por Milei modificó la ley de Migraciones aprobada en 2003, reconocida internacionalmente por garantizar igualdad de derechos entre ciudadanos argentinos y extranjeros. Entre los principales cambios figura la exigencia de acreditar ingresos económicos suficientes para acceder a la residencia permanente.

Además, el gobierno eliminó el derecho automático a la residencia para extranjeros con hijos o cónyuges argentinos. Organizaciones como la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (Caref) sostienen que los nuevos requisitos son imposibles de cumplir para miles de trabajadores informales.

Gabriela Liguori, directora ejecutiva de Caref, señaló que la política oficial empuja a muchas personas hacia la irregularidad migratoria. Datos obtenidos por la organización muestran que en 2025 Argentina otorgó 41 mil residencias permanentes, menos de la mitad del promedio anual registrado entre 2021 y 2024.

Operativos migratorios generan temor en barrios populares

En paralelo, el gobierno desplegó operativos de control migratorio con fuerte presencia policial y amplia cobertura mediática. Las acciones incluyen cortes de calles y controles de documentación en ferias y zonas comerciales.

Lucía Galoppo, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), denunció que los operativos buscan “amedrentar” a las comunidades extranjeras. Según explicó, en varios procedimientos apenas se detectaron pocos casos de irregularidad, pese al gran despliegue de fuerzas de seguridad.

Especialistas sostienen que Argentina ya no representa un destino atractivo para los migrantes debido a la crisis económica y los bajos salarios. De acuerdo con cifras oficiales de 2022, la población extranjera representa apenas 4.2 % de los habitantes del país.

La abogada boliviana Zulema Montero advirtió que muchos migrantes enfrentan obstáculos administrativos imposibles de resolver. También recordó que las expulsiones solo pueden ser ordenadas por un juez y no directamente por autoridades migratorias.