El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) presentó una propuesta que podría transformar el acceso a la vivienda pública en Estados Unidos: prohibir que familias con al menos un integrante sin estatus migratorio elegible vivan en inmuebles con subsidio federal.

La norma también obligaría a las autoridades locales de vivienda a notificar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) cuando detecten a un inquilino que no cumpla con los requisitos migratorios para recibir asistencia.

La medida forma parte de la agenda migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. En una columna reciente, el secretario de HUD, Scott Turner, defendió el cambio al afirmar que el gobierno debe priorizar a los ciudadanos estadounidenses y evitar que recursos limitados “sean explotados por personas no elegibles”.

Según estimaciones del HUD, alrededor de 24 mil inmigrantes no elegibles en 20 mil hogares de estatus mixto se benefician actualmente de la asistencia.

¿Qué cambiaría con la nueva regla?

Actualmente, inmigrantes sin estatus elegible no pueden recibir subsidios directos; sin embargo, sí pueden vivir en viviendas públicas si forman parte de un hogar donde otros miembros —como hijos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes— cumplen los requisitos.

En esos casos, el subsidio se ajusta y la familia paga una mayor proporción del alquiler. Con la nueva propuesta, esa posibilidad desaparecería. Las familias de “estatus mixto” tendrían que abandonar la vivienda subsidiada o enfrentar un posible desalojo.

Datos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas señalan que cerca de 80 mil personas podrían verse afectadas, incluidos decenas de miles de niños ciudadanos estadounidenses.

Impacto en grandes ciudades y posibles desafíos legales

El impacto sería mayor en áreas metropolitanas con alta presencia migrante, como Nueva York y Los Ángeles, donde autoridades locales tendrían que revisar expedientes, notificar a familias y gestionar eventuales desalojos.

Shamus Roller, director ejecutivo del Proyecto Nacional de Ley de Vivienda, sostuvo que “la propuesta está diseñada para infundir miedo y dificultades a las familias inmigrantes”, al considerar que contradice el espíritu de las leyes federales que protegen la estabilidad de menores ciudadanos.

La propuesta estará abierta a comentarios públicos durante 60 días. En el pasado, un intento similar enfrentó más de 30 mil opiniones en contra y no prosperó. De aprobarse, se anticipan desafíos legales inmediatos por parte de organizaciones civiles y de vivienda.

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