Lo que parece una escena sacada de una serie distópica, es desde hace años una política pública real: en Japón, las personas con sobrepeso no solo reciben recomendaciones médicas, sino que podrían generar sanciones a sus empleadores si no mejoran sus medidas corporales. Esta legislación es conocida como la «Ley Metabo», en vigor desde 2008.

La ley obliga a toda persona entre 40 y 75 años a someterse cada año a una medición de cintura. El límite es de 85 centímetros para hombres y 90 para mujeres. Si un trabajador supera esas medidas y no logra reducirlas tras recibir asesoramiento, la empresa podría enfrentar multas económicas, como incentivo para promover estilos de vida saludables.

Reducir enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, y con ello, bajar los costos del sistema de salud japonés. A nivel estadístico, Japón ha mantenido niveles bajos de obesidad desde entonces, comparado con países como Estados Unidos o México.

Aunque el gobierno japonés defiende la medida como un éxito de salud pública, organizaciones y sectores sociales han señalado que puede derivar en discriminación. Algunos la califican como una forma institucional de “fat-shaming”, es decir, estigmatización del cuerpo con sobrepeso. La pregunta que plantea la Ley Metabo es de fondo: ¿Debe el Estado regular la complexión corporal de sus ciudadanos?

¿Aplicará en México?

En el país no existe una legislación similar. La lucha contra la obesidad se ha centrado en estrategias preventivas: como el etiquetado de alimentos, regulaciones en publicidad dirigida a menores y campañas de salud pública. Sin embargo, México enfrenta una de las tasas de obesidad más altas del mundo, especialmente en niños y adolescentes.

Aunque no se contempla una legislación como la japonesa, algunos expertos ya analizan esa experiencia como posible modelo, aunque advierten que cualquier medida similar debería adaptarse al contexto cultural y legal mexicano, para no vulnerar derechos ni generar exclusión.

La Ley Metabo representa un caso extremo de política sanitaria basada en el control del cuerpo. Sus resultados han sido medibles en términos de salud, pero también ha abierto un debate internacional sobre hasta dónde puede —o debe— intervenir el Estado en las decisiones personales relacionadas con el cuerpo y la salud.

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