Angela Lipps, una mujer de 50 años residente en Tennessee, pasó casi seis meses en prisión tras ser identificada erróneamente por un software de reconocimiento facial como sospechosa de fraude bancario en Dakota del Norte. La detención, que ocurrió entre julio y diciembre de 2025, plantea interrogantes sobre la precisión y la fiabilidad de la inteligencia artificial en procedimientos de seguridad.

Lipps relató a WDAY News que jamás ha estado en Dakota del Norte y que no conoce a nadie allí: «Nunca he estado en Dakota del Norte. No conozco a nadie de Dakota del Norte. Fue aterrador.» La mujer fue acusada de cuatro cargos de uso no autorizado de información personal y cuatro cargos de robo, vinculados a fraudes bancarios ocurridos entre abril y mayo de 2025 en Fargo, Dakota del Norte, donde un sospechoso utilizó una identificación militar falsa para sustraer miles de dólares.

El arresto se originó cuando un software de inteligencia artificial, encargado de analizar grabaciones de cámaras de vigilancia, señaló a Lipps como posible sospechosa. Posteriormente, un detective corroboró la “coincidencia” revisando su permiso de conducir y perfiles en redes sociales. Lipps permaneció cuatro meses sin derecho a fianza en una cárcel del condado de Tennessee, sin poder iniciar su defensa hasta ser extraditada a Dakota del Norte.

Tras su traslado, el abogado de Lipps presentó registros bancarios que demostraban que ella se encontraba en Tennessee en el momento de los delitos, lo que permitió probar su inocencia y obtener su liberación. Sin embargo, Lipps denunció que las autoridades no le brindaron asistencia económica para regresar a su hogar.

El alcalde de Fargo, Tim Mahoney, indicó a KVRR que la emisión de la orden de arresto se basó en un tribunal que determinó la existencia de “causa probable” para los cargos. Lipps afirmó a medios locales: «Me alegra que haya terminado. Nunca volveré a Dakota del Norte.»

El caso de Angela Lipps reaviva el debate sobre la fiabilidad de la inteligencia artificial en el ámbito judicial y policial, y sobre la necesidad de controles adicionales antes de tomar decisiones que afecten la libertad de las personas.

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