Un caso estremecedor en Oregón, Estados Unidos, puso nuevamente bajo la lupa a la Iglesia Seguidores de Cristo, conocida por rechazar la medicina convencional y recurrir únicamente a la oración y rituales de fe. Taylor y Blair Edwards, padres de un recién nacido llamado Hayden, fueron sentenciados a 30 días de prisión y cinco años de libertad condicional tras la muerte de su hijo, a quien no llevaron al médico a pesar de que presentaba graves problemas de salud.

El pequeño Hayden nació en junio y, durante las primeras horas de vida, no presentó complicaciones. Sin embargo, a los dos días dejó de alimentarse y comenzó a mostrar señales alarmantes como labios azulados y dificultades respiratorias. En lugar de trasladarlo a un hospital, sus padres llamaron a familiares y miembros de la congregación, quienes realizaron un ritual con oraciones y aceite de oliva con la esperanza de sanarlo.

El estado del recién nacido empeoró rápidamente y, tras el fallido intento de reanimarlo con paños fríos y masajes, murió a tan solo 48 horas de haber llegado al mundo. Los análisis médicos posteriores determinaron que la causa de muerte fue encefalopatía bilirrubínica aguda, una condición prevenible y tratable si hubiera recibido atención adecuada.

Durante el juicio, Blair Edwards reconoció públicamente que debieron buscar ayuda médica en cuanto aparecieron los primeros síntomas. En una declaración presentada en la corte, pidió a los demás miembros de su iglesia reflexionar sobre la tragedia y no dudar en acudir a profesionales de la salud en casos similares. Las autoridades, por su parte, impusieron a los Edwards la obligación de garantizar que sus otros cuatro hijos reciban atención médica formal, seguros de salud y revisiones periódicas.

Este no es un hecho aislado. Desde 2008, al menos seis casos similares han derivado en la condena de integrantes de la Iglesia Seguidores de Cristo por negarse a llevar a sus hijos a hospitales. El caso de los Edwards revive el debate sobre los límites entre la libertad religiosa y la responsabilidad legal de garantizar la vida y la salud de los menores, un dilema que sigue generando indignación y preocupación en la comunidad.

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