Desde octubre de 2024, Jalisco despenalizó el aborto, marcando un hito en los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Este avance permitió la apertura de la primera clínica privada en el estado para la interrupción del embarazo, facilitando un acceso más seguro a este procedimiento sin necesidad de trasladarse a otras entidades como la Ciudad de México.

A pesar de la despenalización, persisten barreras estructurales y culturales que dificultan el acceso a abortos seguros. La doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido, especialista en ginecología y obstetricia del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, señala que Jalisco sigue siendo un estado conservador donde el aborto es visto de manera negativa.

«Existen derechos humanos y legislación que deben respetarse, incluyendo el derecho de las pacientes a decidir sobre su reproducción. Esto es fundamental en casos de violencia o cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la persona gestante», afirmó.

Actualmente, el aborto inducido se puede realizar a través de medicamentos o mediante la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), ya sea con anestesia local o bajo sedación. Sin embargo, en Jalisco solo está permitido hasta las 12 semanas de gestación.

Camarena Pulido subraya que, aunque han surgido redes de apoyo para abortos autogestionados en casa, la mejor opción sigue siendo acudir con personal de salud especializado para evitar riesgos.

«No es seguro someterse a un aborto sin la supervisión adecuada, ya que pueden presentarse complicaciones que afecten la salud reproductiva o incluso la vida de la persona gestante», advirtió.

Sin embargo, el personal de salud en Jalisco aún enfrenta desafíos para garantizar este derecho. Médicos, enfermeros y trabajadores sociales, muchas veces influenciados por creencias personales, llegan a negar la atención o dificultan el proceso para quienes buscan interrumpir su embarazo.

«Es urgente capacitar a los servidores públicos involucrados en el proceso de aborto y garantizar que los hospitales que ofrecen este servicio dejen de criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo», enfatizó Camarena Pulido.

Por el momento, en el sistema de salud pública de Jalisco, solo el Hospital de la Mujer y el Hospital General de Occidente brindan abortos gratuitos, pero solo en casos específicos, como violación, riesgo grave para la salud o peligro de muerte para la persona gestante.

Las razones por las que una mujer o persona gestante decide abortar son múltiples: planes de vida, problemas económicos, violencia, salud mental, protección de sus otros hijos o riesgo para su vida, explicó la doctora Martha Patricia Ortega Medellín, directora del Centro de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo del CUCS y representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

«Continuar con un embarazo no deseado tiene muchas afectaciones. El proceso no es sencillo: hay cambios físicos, emocionales y sociales, sin garantías de apoyo por parte de la pareja o del Estado. Esto genera una carga emocional enorme», destacó.

A pesar de los mitos promovidos por sectores conservadores, Ortega Medellín afirmó que las mujeres no viven arrepentidas tras abortar. En la mayoría de los casos, se sienten aliviadas y más seguras.

«Las mujeres han sido educadas para no tomar decisiones propias, y esto se replica con el aborto. Pero cuando ya han decidido y logran acceder al procedimiento, experimentan libertad. Claro que el acompañamiento psicológico es importante, pero esto también debería ser una opción después de un parto», agregó.

Para la especialista, la despenalización del aborto en Jalisco llegó tarde, pero al fin llegó. Sin embargo, considera que aún hay mucho por hacer para eliminar el estigma dentro del sistema de salud y en la sociedad.

«Necesitamos cambiar la forma en que se percibe el aborto. Las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo deben recibir apoyo, empatía y seguridad, no juicios ni obstáculos», concluyó.