Doce presidentes municipales de la Ribera de Chapala solicitaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la instalación urgente de mesas de trabajo para analizar la viabilidad del acueducto Presa Solís–León, obra que busca abastecer de agua a diversas ciudades de Guanajuato.

En un manifiesto firmado por los ediles, se advierte que este proyecto podría reducir de manera significativa la reserva hídrica del lago de Chapala y afectar el suministro para el Área Metropolitana de Guadalajara y para comunidades de Michoacán.

El presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, subrayó que cualquier determinación sobre el uso del agua del lago debe apegarse a los acuerdos y decretos vigentes para su protección. Recordó que la propuesta plantea extraer 3.8 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 220 millones de metros cúbicos anuales, lo que representaría una violación a dichos convenios.

La alcaldesa de Ocotlán, Nallely Hernández, reconoció la importancia estratégica del acueducto para Guanajuato, pero pidió coordinación interestatal para evitar daños a otras regiones. Propuso transparentar los estudios técnicos, reforzar la cooperación en proyectos de saneamiento y establecer un sistema de monitoreo con participación municipal para garantizar el equilibrio ambiental y social.

Los alcaldes aclararon que no buscan rechazar por completo la obra, sino participar en su análisis y proponer alternativas que aseguren la conservación del ecosistema. Además, destacaron que ya han sostenido diálogo con representantes de Conagua y esperan que el manifiesto facilite un proceso de negociación.

El acueducto Solís–León contempla una infraestructura de 140 kilómetros para trasladar agua desde la presa Solís, en Acámbaro, Guanajuato, hacia cinco ciudades del estado. Su construcción podría iniciar en septiembre.

Entre los firmantes se encuentran los presidentes municipales de La Barca, Poncitlán, Ocotlán, Tizapán el Alto, Jamay, Jocotepec, Chapala y Tuxcueca, quienes coincidieron en que el cuidado del lago de Chapala es una responsabilidad legal, moral y ética que compete a todo el país.