Las comisiones de Seguridad y Justicia, Asistencia Social, Familia y Niñez, y Educación del Congreso del Estado de Jalisco aprobaron el dictamen que crea la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, conocida como “Pantallas Seguras”.

La iniciativa, impulsada por la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, busca establecer reglas claras para la protección de menores en internet y posiciona a Jalisco como referente nacional en la regulación de la seguridad digital infantil.

Entre los principales ejes de la normativa se encuentra la restricción del uso de redes sociales para menores de 14 años, medida sustentada en análisis de madurez cognitiva y recomendaciones de plataformas digitales. Además, la ley no prohíbe que estudiantes porten dispositivos en las escuelas para comunicarse con sus padres, pero sí limita el acceso a redes sociales dentro de los planteles para quienes no hayan cumplido esa edad.

El dictamen contempla la creación del Consejo Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, órgano interdisciplinario encargado de coordinar políticas públicas en la materia, así como facultades para que los municipios supervisen que establecimientos con internet público implementen filtros de seguridad en sus módems o, en su defecto, cuenten con consentimiento informado de madres y padres de familia.

La legisladora subrayó que la nueva ley reconoce el internet como herramienta educativa y democrática, pero atiende riesgos como el grooming, ciberbullying, advergaming y el uso de deepfakes, en un contexto donde 92.4 por ciento de los adolescentes mexicanos son usuarios intensivos de la red.

Asimismo, se enfatiza la corresponsabilidad de madres y padres en la formación de una ciudadanía digital responsable y se promueve el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias en escuelas por conflictos derivados del uso de dispositivos. La diputada aclaró que la implementación no implicará gasto adicional para el erario, aunque sí requerirá ajustes en la gestión del acceso a internet por parte de las dependencias involucradas.