Ante el preocupante incremento de feminicidios en la entidad, la diputada Monserrat Pérez Cisneros presentó una iniciativa que propone imponer penas más severas —de dos a ocho años de prisión— a quienes incumplan órdenes de protección o medidas de emergencia emitidas a favor de mujeres víctimas de violencia. La legisladora señaló que actualmente el desacato a estas disposiciones suele tratarse como una falta menor, lo que permite que muchos agresores reincidan sin consecuencias significativas.

La propuesta plantea reformar el marco jurídico para que este incumplimiento sea considerado una conducta grave con sanciones penales más estrictas. Además, busca que, en casos de feminicidio, el desacato a una orden de protección sea considerado un agravante que incremente hasta en un tercio la penalidad correspondiente. También se pretende fortalecer los mecanismos de supervisión por parte de las autoridades encargadas de hacer valer estas medidas.

Pérez Cisneros destacó que “aproximadamente el 75 por ciento de las víctimas de feminicidio contaban con una orden de restricción activa al momento de los hechos”, lo que evidencia la falta de eficacia en su aplicación. Subrayó que con esta reforma se busca inhibir conductas reincidentes, garantizar mayor seguridad a las mujeres y prevenir tragedias derivadas de la omisión o el incumplimiento de las medidas legales.

Durante la presentación de la iniciativa, integrantes del colectivo “Las Paritaristas” —Daniela Hernández, Adela Ruiz y Priscilla Cavagna— acompañaron a la diputada y expresaron su respaldo, al tiempo que enfatizaron la importancia de que la voz de las mujeres sea escuchada, respetada y protegida. Señalaron que, aunque las medidas de protección tienen el potencial de salvar vidas, muchas veces no se cumplen, lo que deja a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

El colectivo también planteó la necesidad de capacitar al personal ministerial para que el otorgamiento de medidas de restricción se realice adecuadamente y se dé seguimiento a su cumplimiento. Además, propusieron implementar campañas de sensibilización y capacitación para que las autoridades no solo emitan estas órdenes, sino que también supervisen su aplicación y garanticen que cumplan con su propósito de proteger la vida e integridad de mujeres y niñas en Jalisco.