Con la participación de más de 70 dependencias estatales, el Gobierno de Jalisco inició un proceso de capacitación especializada para fortalecer la atención jurídica y acelerar la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, informó la Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco.

La formación se desarrolla mediante los diplomados “El Nuevo Paradigma del Derecho Procesal Civil y Familiar” y “Justicia Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes”, orientados a mejorar la coordinación interinstitucional, homologar criterios jurídicos y reducir el tiempo que las infancias permanecen en albergues por retrasos en resoluciones legales.

Tatiana Esther Anaya Zúñiga, consejera jurídica del Poder Ejecutivo, explicó que el programa incluye análisis de casos reales y criterios en derechos humanos, para evitar discrepancias entre dependencias que puedan prolongar la institucionalización. Señaló que muchas decisiones que impactan la vida de niñas y niños dependen de la oportunidad y claridad con que actúan las autoridades.

“Cuando los procesos se retrasan, las consecuencias las viven directamente las niñas y los niños. Es fundamental que las áreas jurídicas actúen con criterios claros, coordinación y sentido de urgencia”, afirmó la funcionaria, al subrayar que el reto no es solo resguardar, sino resolver cada caso con actuaciones sólidas que permitan la reintegración familiar en el menor tiempo posible.

La primera sesión contó con respaldo académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos diplomados tendrán una duración de 53 horas, distribuidas en 13 sesiones presenciales en Palacio de Gobierno.

Por su parte, Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, destacó que la protección de la niñez requiere coordinación institucional y personal preparado para actuar con sensibilidad y responsabilidad. Añadió que detrás de cada expediente existen historias que demandan respeto y decisiones oportunas.

Diana Vargas Salomón, directora del Sistema DIF Jalisco, indicó que esta capacitación fortalecerá el seguimiento puntual de casos y los procesos de restitución de derechos.

Con esta estrategia, el Gobierno estatal busca consolidar un modelo de actuación jurídica más ágil y articulado, que garantice a niñas y niños el acceso efectivo a derechos como identidad, salud, educación, protección y, sobre todo, la posibilidad de vivir en familia sin estancias prolongadas en instituciones.