El Congreso del Estado de Jalisco activó sus protocolos internos para evaluar los daños registrados durante los hechos ocurridos el sábado en el Palacio Legislativo, con el fin de proteger la integridad del recinto y del personal que labora en él.

El Secretario General del Congreso, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, informó que las áreas de Control Patrimonial y las unidades administrativas correspondientes realizaron un recuento detallado de las afectaciones. Reconoció además el acompañamiento de autoridades municipales y estatales, así como la labor del personal de Vigilancia y Custodia, quienes actuaron como primeros respondientes.

Martínez Lomelí explicó que desde el primer momento se emprendieron acciones preventivas y correctivas, además de presentarse las querellas correspondientes ante las instancias legales. Añadió que los daños fueron exclusivamente materiales y se concentraron en ventanas ubicadas sobre avenida Hidalgo, elementos de madera, cristales, la puerta principal y el acceso al Museo del Palacio Legislativo.

También se registraron afectaciones en bienes muebles y materiales, aunque no se reportaron daños en archivos legislativos ni documentación oficial, aseguró el Secretario General.

Gracias a la intervención oportuna del personal de Vigilancia y Custodia, así como de Protección Civil del Estado, Protección Civil Guadalajara y elementos de Seguridad Pública, fue posible contener un incendio provocado en una de las oficinas, evitando mayores afectaciones y resguardando la estructura del inmueble y al personal presente.

La Mesa Directiva informará en las próximas horas el monto total de los daños, una vez concluido el dictamen técnico, así como los avances de los procesos legales iniciados.

Martínez Lomelí señaló que, con base en la información previa y una reunión operativa, se tenía previsto que la manifestación se desarrollara de manera pacífica, por lo que los protocolos se aplicaron conforme a los lineamientos del Gobierno del Estado.

El Congreso de Jalisco reiteró su compromiso con el respeto a la libre expresión y la protesta social dentro del marco de la legalidad, así como con la protección del patrimonio histórico y democrático que representa el Palacio Legislativo.