Una investigación del Órgano Interno de Control del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), ordenada por la Contraloría del Estado, concluyó que el director general Antonio Juárez Trueba cometió una falta grave al autorizar la contratación de Elizabeth Margarita Castro Cárdenas como asesora técnica, a pesar de que no cumplía con los requisitos establecidos para el puesto.

El informe detalla que Castro Cárdenas, quien anteriormente fue presentadora de televisión, no entregó documentación que respaldara los estudios profesionales que declaró tener. En su expediente solo aparecen comprobantes de secundaria terminada, lo que contradice los requisitos del cargo, que exige formación universitaria y especialización en temas relacionados con agua potable y alcantarillado.

Además del director general, el dictamen señala como responsables de faltas graves al director de Administración, Carlos Alberto Patiño Velázquez, y al subdirector de Recursos Humanos, Russel Rubén Ruvalcaba Guerra. Según el documento, ambos habrían facilitado y consentido la contratación sin verificar que se cumpliera con el perfil exigido.

En el caso del subdirector, se presume que autorizó el ingreso de Castro Cárdenas al Siapa sin que se acreditara el grado académico requerido, incumpliendo su responsabilidad en el proceso de selección y reclutamiento.

Respecto a la propia Elizabeth Castro, el órgano señala que habría simulado el cumplimiento de los requisitos del puesto, utilizando presuntamente información falsa. Asimismo, se indica que, tras su ingreso, recibió un salario mensual de 73 mil 784.78 pesos, sin desempeñar funciones dentro del organismo. La propia exfuncionaria habría reconocido en redes sociales que no trabajaba directamente en el Siapa, sino que estaba “comisionada”, sin especificar a qué dependencia.

La gravedad de los hechos llevó al Órgano Interno de Control a dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el fin de determinar si existen elementos que configuren delitos. Como parte de las acciones a seguir, se contempla recuperar los recursos públicos pagados a Castro Cárdenas durante el tiempo que permaneció contratada.

Tras el escándalo, el Siapa decidió no renovarle el contrato a partir de julio.