Ante las recientes declaraciones sobre el dictamen aprobado por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, que avala reformar la Ley del Registro Civil para permitir que menores de edad que no se identifiquen con su género puedan solicitar la modificación de su acta de nacimiento, la diputada presidenta de este cuerpo legislativo, María Candelaria Ochoa Ávalos, hizo un llamado a la prudencia y la legalidad.

Señaló que esta iniciativa da cumplimiento a la resolución ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ordena reformar la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco. Explicó que este dictamen responde de manera puntual y legítima al mandato de la SCJN, el cual es vinculante para los Poderes del Estado conforme a la supremacía constitucional. “El incumplimiento de esta resolución pone en riesgo la validez de las leyes locales, los derechos humanos y la estabilidad institucional del Estado”, subrayó.

Agregó que el Congreso del Estado, como autoridad legislativa, tiene la responsabilidad de acatar las decisiones judiciales sin verse influenciado por opiniones ideológicas o políticas personales, ya que estas podrían comprometer la independencia de las instituciones y el respeto a los derechos humanos.

La legisladora precisó que el dictamen aprobado no introduce cambios en las normas ya aplicadas por el Registro Civil desde el año 2020, cuando en Jalisco se aprobaron protocolos para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Con esta reforma, se cumple con la resolución de la SCJN para garantizar que los procedimientos administrativos se alineen con las normas constitucionales y los derechos humanos.

Ochoa Ávalos destacó que desde 2017 la SCJN reconoce la identidad de género de personas transgénero en documentos oficiales, con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al nombre, a la identidad personal y de género, a la vida privada y a la intimidad. En este sentido, enfatizó la importancia de adecuar los documentos en las actas de nacimiento para garantizar estos derechos fundamentales.