La construcción y operación de un nuevo rastro municipal en Tonalá mediante una asociación público-privada (APP) quedó bajo cuestionamiento luego de que Montse Pérez Cisneros, diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, presentara un exhorto ante el Pleno de la LXIV Legislatura para solicitar la revisión del proyecto por presuntos actos de corrupción, conflicto de interés y posible nepotismo en el proceso de contratación.

De acuerdo con la legisladora, las irregularidades se remontan al cierre del rastro municipal aprobado por el Ayuntamiento de Tonalá en enero de 2024 y a la posterior intención de concretar una asociación público-privada con la empresa Valor de Alimentos Kárnicos, S.A. de C.V. La diputada señaló que una investigación documental permitió identificar que entre los accionistas originales de la compañía figuraban tres hermanos de Sergio Chávez Dávalos, Presidente Municipal de Tonalá, situación que podría representar un conflicto de interés conforme a la legislación vigente en materia de asociaciones público-privadas.

Otro de los señalamientos presentados por Montse Pérez Cisneros, se refiere a la valoración de un predio denominado “El Potrero Negro”, aportado por la empresa como parte de su participación en el proyecto. Según la documentación exhibida, el terreno fue registrado con un valor de 2.7 millones de pesos en abril de 2024; sin embargo, en la propuesta de coinversión entregada al Ayuntamiento apareció valuado en 24.8 millones de pesos, una diferencia superior a 22 millones de pesos que, afirmó, carece de una justificación técnica conocida.

La legisladora también cuestionó el incremento de la aportación pública al proyecto, que pasó de 18 a 35 millones de pesos en una iniciativa presentada por el Ayuntamiento ante el Congreso en noviembre de 2025. Ante ello, el exhorto solicita un avalúo independiente del predio, la acreditación de la composición accionaria actual de la empresa, una explicación técnica sobre el aumento de recursos públicos, declaraciones de ausencia de conflicto de interés por parte de los funcionarios involucrados y la integración completa del expediente conforme a la Ley de Asociaciones Público-Privadas antes de cualquier aprobación legislativa.