El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro personas y 13 empresas con sede en Puerto Vallarta y zonas cercanas, señaladas de operar fraudes de tiempo compartido vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado por Washington como una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y designado como Organización Terrorista Extranjera.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el CJNG complementa sus ingresos por narcotráfico con actividades ilícitas como robo de combustible, extorsión y estafas a propietarios de multipropiedades, principalmente ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores.

Las autoridades estadounidenses señalaron que, desde 2012, el grupo criminal tomó control de esquemas fraudulentos en Puerto Vallarta y alrededores, operando centros de llamadas con personal que domina el inglés. Con información filtrada por empleados de complejos turísticos, los estafadores se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de empresas para ofrecer la compra o renta de propiedades, solicitando pagos por adelantado bajo conceptos de “honorarios” o “impuestos”.

Entre las modalidades detectadas figuran la reventa, el realquiler y la supuesta inversión en tiempos compartidos. Las víctimas, tras enviar los recursos, no reciben el pago prometido y en ocasiones son presionadas para realizar depósitos adicionales. También se han identificado casos de “revictimización”, en los que los delincuentes se presentan como despachos jurídicos o incluso como funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para exigir más pagos con el pretexto de liberar fondos o evitar consecuencias legales.

En julio de 2024, la OFAC y el FBI emitieron una alerta sobre este tipo de fraudes. En los seis meses siguientes, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) recibió más de 250 reportes de actividad sospechosa, con alrededor de mil 300 transacciones que sumaron 23.1 millones de dólares, enviadas en su mayoría desde Estados Unidos a México.

El FBI calcula que entre 2019 y 2023 cerca de seis mil víctimas reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares. En 2024, su Centro de Quejas de Delitos en Internet registró 900 denuncias por más de 50 millones, aunque se estima que la cifra real es mayor debido a la falta de reportes por vergüenza o temor.

Esta es la quinta acción de la OFAC contra el esquema de fraude de tiempos compartidos operado por el CJNG, con un total de más de 70 designaciones.

Los sancionados son Julio César M., Carlos Andrés R. y Francisco Javier G., además de Michael I. Jr, empresario con más de dos décadas en el sector turístico de Puerto Vallarta.

Las empresas señaladas son: Akali Realtors; Centro Mediador de la Costa, S.A. de C.V.; Corporativo Integral de la Costa, S.A. de C.V.; Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V.; Sunmex Travel, S. de R.L. de C.V.; TTR Go, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Integral del Puerto, S.A. de C.V.; KVY Bucerías, S.A. de C.V.; Servicios Inmobiliarios Ibadi, S.A. de C.V.; Fishing Are Us, S. de R.L. de C.V.; Santamaria Cruise, S. de R.L. de C.V.; Laminado Profesional Automotriz Elte, S.A. de C.V., y Consultorías Profesionales Almida, S.A. de C.V.

Con las sanciones, todos los bienes e intereses de estas personas y compañías en territorio estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas de EE. UU. realizar transacciones con ellos. También se advierte que instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones podrían enfrentar sanciones secundarias.