Una exempleada del Gobierno de Guadalajara, identificada como Naomi N., confesó públicamente haber participado en la muerte de un perro como parte de un supuesto ritual para “quitarse enemigos del camino”. La declaración se realizó durante una transmisión en vivo, en la que narró con detalle y sin aparente remordimiento cómo el animal fue degollado como ofrenda.

El colectivo Amor No es Violencia A.C. publicó el video en sus redes sociales, mismo que rápidamente se viralizó. La A.C. condenó enérgicamente el hecho, calificándolo como un acto criminal y no como una práctica religiosa. La organización recordó que la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco, así como el Código Penal local, sancionan la crueldad y el maltrato animal, incluyendo la muerte injustificada de cualquier ser vivo. “No existe amparo legal para asesinar a un perro bajo pretextos rituales”, señaló el colectivo.

Naomi N. se desempeñaba en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitario, un área orientada al bienestar social y al fortalecimiento comunitario. Para el colectivo, su participación en estos actos contradice gravemente los principios institucionales que se le encomendaban.

En respuesta, el Gobierno de Guadalajara informó a través de un comunicado que Naomi N.  ya no forma parte de la administración desde el pasado 31 de mayo, debido al término de su contrato. Señaló además que su relación laboral fue de carácter eventual, con una duración de apenas 72 días, y que al momento en que se dio a conocer el video, ya no laboraba en el municipio.

“Aclaramos que al momento de la publicación del video no existía ninguna relación laboral con la persona en cuestión”, señaló el municipio, reafirmando su compromiso con el respeto a los derechos de los animales.

Pese a esta aclaración, el colectivo exige que se inicie una investigación penal y se deslinden responsabilidades, pues consideran que el hecho confesado públicamente constituye un delito y no debe quedar impune. También llamaron a la Presidenta municipal, Verónica Delgadillo, a pronunciarse de manera oficial y contundente.

“Este no es un escándalo mediático, es una confesión de violencia. Guardar silencio sería una traición a la ciudadanía y una falta grave al Estado de derecho”, concluyó el colectivo.