La exregidora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta en la administración 2021-2024, Carla Verenice “N”, obtuvo la suspensión condicional del proceso que enfrentaba por el delito de ejercicio indebido y abandono del servicio público, tras ser señalada por contratar a su yerno y a su sobrino como asesores.

La resolución fue emitida este jueves por el juez de Control y Oralidad del Octavo Distrito Judicial, Miguel García Hernández, quien aprobó el plan reparatorio propuesto por la defensa, al no existir oposición por parte del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, señalado como víctima.

Como parte de las medidas, la exregidora deberá entregar 20 mil pesos a la asociación civil Centro de Apoyo a Niños con Cáncer (CANICA) Puerto Vallarta, como reparación del daño a la sociedad. En lo referente al Ayuntamiento, no se fijó pago alguno debido a que la administración municipal otorgó el perdón legal.

Además, se le impuso la obligación de residir en su domicilio, acreditar un diplomado en derechos humanos impartido por la CNDH o la CEDHJ y abstenerse de acercarse o molestar a testigos del caso. Estas condiciones estarán vigentes durante seis meses.

El caso inició en 2022, tras una denuncia ciudadana presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en la que se acusó a la entonces regidora de contratar al novio de su hija como asesor, quien presuntamente cobraba sin trabajar. Durante las investigaciones se descubrió que también había contratado a un sobrino, lo que motivó la judicialización del expediente.

Al no atender los llamados del Ministerio Público, se giró una orden de aprehensión en su contra, misma que se cumplimentó el 8 de julio de 2025, cuando fue detenida en el Boulevard Francisco Medina Ascencio.

El 9 de julio comenzó la audiencia inicial y el 14 de ese mismo mes fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido y abandono del servicio público, aunque quedó descartado el de peculado.