El Congreso del Estado continuó  con las comparecencias de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, en una sesión extraordinaria en la que el Fiscal General del Estado, Salvador González de los Santos, expuso los avances y retos de la institución en materia de seguridad y procuración de justicia. La reunión fue presidida por el diputado Julio César Hurtado Luna.

Las y los legisladores centraron buena parte de sus cuestionamientos en el caso del Rancho Izaguirre, solicitando información precisa sobre el avance de las investigaciones, el aseguramiento del predio, la participación de servidores públicos y las posibles responsabilidades administrativas o penales. También pidieron claridad sobre temas como el asesinato de Valeria Márquez, los criterios aplicados para determinar imputaciones en hechos recientes, el estatus de las personas desaparecidas, la prevención del abuso sexual infantil, las denuncias por extorsión a comerciantes y el rezago en carpetas de investigación.

González de los Santos explicó que la Fiscalía ha reforzado áreas operativas a partir de la reforma a su Ley Orgánica, con nuevos procesos de capacitación y una reorganización interna que —dijo— ha permitido agilizar actuaciones y mejorar la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. Destacó avances en mandamientos judiciales cumplimentados, cateos, vinculaciones a proceso, atención a víctimas y sentencias obtenidas en investigaciones complejas.

Sobre el caso del Rancho Izaguirre, el Fiscal informó que el predio fue procesado con apoyo técnico multidisciplinario, se aseguraron indicios relevantes y las personas detenidas ya fueron vinculadas a proceso. Añadió que se mantienen diligencias abiertas y se dio vista a los órganos internos de control por posibles omisiones.

En la sesión participaron diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias, quienes continuaron el análisis del desempeño institucional como parte de la revisión del gasto público y la efectividad de las acciones en seguridad y justicia durante el primer año de administración estatal.