El Gobierno de Jalisco obtuvo una resolución definitiva a su favor por parte del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que avala la defensa de predios de dominio público ubicados en el Bosque Los Colomos, en su zona conocida como Colomos III, consolidando la protección ambiental e hídrica de este espacio estratégico para la metrópoli.

La Consejería Jurídica estatal informó que la determinación, aprobada por unanimidad de los magistrados federales, valida las acciones emprendidas por el gobierno desde 2017 para recuperar diversos terrenos, entre ellos un polígono de 1.21 hectáreas, adquiridos hace más de un siglo con el propósito de garantizar el abastecimiento de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara. Durante años, estos predios fueron objeto de disputas legales tras intentos de apropiación por particulares que buscaban desarrollar proyectos inmobiliarios.

Tatiana Esther Anaya Zúñiga, consejera jurídica del estado, afirmó que la resolución confirma que el procedimiento aplicado fue conforme a derecho y responde a la obligación del gobierno de proteger bienes de dominio público. Subrayó que estos bienes son inalienables e imprescriptibles, y que las medidas implementadas tienen carácter cautelar y están justificadas por el interés colectivo.

El fallo revierte una resolución emitida en marzo de 2024 por un juzgado de distrito que había concedido el amparo a particulares al considerar violaciones al debido proceso. Tras la impugnación del Gobierno de Jalisco, el tribunal federal determinó que el amparo no era la vía adecuada para discutir la propiedad de los terrenos y reconoció la legalidad del mecanismo utilizado por la autoridad estatal.

La decisión también respalda la constitucionalidad del Artículo 8 de la ley estatal que clasifica los bienes públicos y privados, reforzando la facultad —y obligación— del gobierno para actuar de manera inmediata en la protección de espacios de valor ambiental y social.

Con este fallo, el estado fortalece la defensa jurídica de Colomos III y ratifica que los recursos naturales y espacios públicos vinculados al medio ambiente y al agua deben permanecer bajo resguardo colectivo, priorizando su conservación frente a intereses particulares.