En Jalisco se abrió el debate para tipificar y sancionar el reclutamiento forzado, un delito que afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes y que hasta ahora no ha sido reconocido de manera explícita en la legislación. La diputada Mónica Paola Magaña Mendoza encabezó una mesa de trabajo con autoridades estatales, académicas y representantes de organismos nacionales e internacionales, donde se analizó una propuesta de reforma al Código Penal con la finalidad de proteger a los menores y dotar a las instituciones de herramientas legales para investigar y castigar este fenómeno.

Magaña Mendoza advirtió que entre 30 y 40 mil personas en México son víctimas de reclutamiento infantil mediante engaños, violencia o uso de medios digitales, una problemática que la ONU ha insistido en visibilizar desde hace 14 años y que coloca a Jalisco entre las seis entidades con atención prioritaria. Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que este delito constituye una grave violación a los derechos humanos y debe ser sancionado para impedir que grupos delictivos sigan obligando a menores a integrarse a actividades ilícitas.

Las propuestas planteadas incluyen definir en qué apartado del Código Penal se incorporará este delito, su descripción legal y el procedimiento de sanción para quienes obliguen, induzcan o se aprovechen de un menor para participar en delitos o actividades que vulneren su desarrollo e integridad. La mesa de trabajo, destacaron, abrió un espacio plural para diseñar soluciones legislativas y de política pública orientadas a la prevención de la violencia y la protección integral de las familias en situación de vulnerabilidad.

Entre los asistentes figuraron Roberto Alarcón Estrada, coordinador General Estratégico de Seguridad; Thais Loera Ochoa, secretaria ejecutiva del SIPINNA; Blanca Trujillo Cuevas, fiscal especial en Personas Desaparecidas; la magistrada Consuelo del Rosario González; Julio César García Mújica, secretario de Seguridad; además de representantes de la UNICEF, el DIF, la Procuraduría Social y organismos de derechos humanos.