Congreso y Gobierno de Jalisco deben crear a la brevedad la Fiscalía
Especializada para Investigar Delitos de Tortura

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó iniciar de manera prioritaria el proceso legislativo para crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en Jalisco.

Durante el período de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario, el Ejecutivo y el Legislativo local, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar de manera coordinada las gestiones necesarias, así como los actos jurídicos y administrativos pertinentes para la creación de la fiscalía, atendiendo a los parámetros establecidos en la Ley
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Se destacó que, si bien se creó la Unidad Especializada en Delitos de Tortura adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos, lo cierto es que no puede concebirse que se cumplió con la creación de una fiscalía especializada, pues esa instancia carece de la integración especializada que requiere para ejercer su función y de autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución específica del delito de tortura y otros delitos vinculados.

El legislador ordenó, dentro de los noventa días posteriores al inicio de vigencia de la norma general, que tanto la Federación como las entidades federativas crearan fiscalías especializadas, y dispuso la forma en que se integrarían, así como las
obligaciones y facultades correspondientes.

En este contexto, no se justifica la omisión legislativa del Congreso de Jalisco. Aun cuando no se tuvieran recursos para la creación y operación de la fiscalía especializada, la obligación no desapareció, pues dicha autoridad debió prever una partida presupuestaria y no solamente limitarse a crear la Unidad Especializada.

La Ponente fue la Ministra Yasmín Esquivel Mossa. Resuelto en sesión de 31 de enero de 2024 por mayoría de tres votos. Los Ministros Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán votaron en contra.