A 15 años de la desaparición de cuatro personas en los límites de Jalisco y Zacatecas, el Gobierno del Estado realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad institucional, en cumplimiento al punto siete de la Recomendación 167/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El evento, celebrado en el Palacio de Gobierno y transmitido en vivo, reconoció las omisiones cometidas por la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado en la investigación de la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz, ocurrida en septiembre de 2010.

La CNDH subrayó que este acto contribuye a visibilizar los derechos humanos, el acceso a la justicia y el derecho de toda persona a ser buscada, localizada e identificada.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, señaló que este reconocimiento reafirma el compromiso del actual gobierno para evitar que hechos como los de 2010 vuelvan a repetirse:

“Reiteramos nuestro compromiso firme con la búsqueda de personas desaparecidas… es una de nuestras prioridades desde el primer día de gobierno”.

En la ceremonia participaron también el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, y el coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH, Jesús Eduardo Villar Román, además de familiares de las víctimas, colectivos, autoridades y organizaciones civiles.

Rosalina Michelle Sedano Chávez, hija de Bernardo Sedano Vilchiz, y María Natividad Guerrero Sedano, madre de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, compartieron mensajes en memoria de sus seres queridos y llamaron a no dejar solas a las familias que enfrentan estas situaciones.

“Merecemos verdad, justicia y memoria”, expresó Sedano Chávez.

Durante el acto, el Gobierno de Jalisco destacó avances como el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, la reactivación de la carga de datos al registro nacional, el fortalecimiento de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como la colaboración con universidades nacionales e internacionales.

El fiscal González de los Santos afirmó que la estrategia estatal está guiada por la convicción de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia:

“Seguiremos trabajando con determinación para que hechos tan lamentables no se repitan… cada caso debe atenderse con prontitud, sensibilidad y profesionalismo”.

Con este acto, el Gobierno estatal cumplió formalmente con la recomendación de la CNDH.