En una decisión considerada histórica por organizaciones civiles, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, formalizó la adhesión del estado al Pacto por la Primera Infancia, un acuerdo nacional respaldado por más de 500 organizaciones que busca asegurar el desarrollo, protección y bienestar de niñas y niños de cero a cinco años y 11 meses.

Con esta firma, Jalisco se convierte en la primera entidad del país en asumir los compromisos del colectivo ciudadano desde el más alto nivel de gobierno.

La ceremonia, realizada en el marco del Día Universal del Niño, reunió a autoridades estatales y representantes de organizaciones civiles. Además del Gobernador, firmaron el acuerdo Maye Villa de Lemus, Presidenta del DIF Jalisco; Thais Loera Ochoa, secretaria ejecutiva del SIPINNA estatal, y  representante nacional del Pacto.

Lemus Navarro destacó que la protección a la infancia ha marcado toda su trayectoria pública y que hoy es eje central en las políticas estatales. Recordó avances como la renovación educativa del estado, la creación de espacios deportivos adaptados, los diez Centros Colmena en el Área Metropolitana de Guadalajara y la consolidación de la Red de Centros de Autismo.

“El futuro de Jalisco está en las infancias. Este pacto nos permitirá detectar qué nos falta, cómo mejorar y cómo fortalecer las políticas públicas que ya están transformando vidas”, expresó.

Por su parte, Maye Villa subrayó la importancia de intervenir en esta etapa crucial del desarrollo: “La primera infancia es el tiempo donde todo importa: el abrazo oportuno, la nutrición, la seguridad”.

Representantes del Pacto reconocieron a Jalisco como referente nacional por la implementación de la Estrategia Estatal de Atención Integral de la Primera Infancia (EEAIPI) y la Ruta Integral de Atenciones (RIA), que articulan servicios de salud, educación y protección desde el embarazo.

El acuerdo compromete al Gobierno estatal a fortalecer acciones de salud, nutrición, educación inicial, cuidados, registro oportuno y prevención de violencias, además de asegurar presupuestos específicos y mecanismos de seguimiento.

Con esta firma, el estado abre una etapa de coordinación reforzada con academia, organizaciones civiles, sector privado y organismos internacionales, con el objetivo de garantizar que cada niña y niño tenga condiciones para vivir, crecer y desarrollarse plenamente.