En el contexto del inminente inicio de la discusión nacional sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (Canaco) emitió un posicionamiento en el que subraya la necesidad de que el diálogo legislativo tenga como ejes la formalidad laboral y la productividad empresarial, para no poner en riesgo el desarrollo económico del país.

El organismo empresarial destacó que, si bien es importante mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, cualquier reforma en materia laboral debe considerar el impacto que tendría en la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), responsables de más del 90 por ciento de la economía nacional.

“Generar la reducción de la jornada laboral sin considerar los parámetros de la productividad podría causar un profundo daño económico en las familias mexicanas”, advierte el comunicado emitido por la Canaco Guadalajara.

Otro de los puntos clave señalados por el sector comercial es la necesidad de incentivar la formalización del empleo, en un país donde más del 50 por ciento de la fuerza laboral opera en la informalidad, lo que representa un serio desafío tanto para la recaudación fiscal como para la protección de derechos laborales.

“La informalidad implica menos recaudación para los gobiernos, competencia desleal para las empresas formales y también menos protección para los trabajadores”, apuntó el documento, haciendo un llamado para que este proceso legislativo sirva también como una oportunidad para construir mecanismos que promuevan el empleo formal.

Finalmente, la Cámara de Comercio de Guadalajara expresó su esperanza de que el país no solo conserve su estabilidad económica durante este proceso, sino que salga fortalecido con medidas integrales y responsables.

“La Cámara de Comercio de Guadalajara hace votos para que en este proceso la economía del país no solamente se mantenga a flote, sino que se fortalezca”, concluye el comunicado.

La postura de la Canaco Guadalajara se suma a un debate nacional que involucra a sindicatos, legisladores, empresarios y especialistas en relaciones laborales, y que busca equilibrar las demandas sociales con las capacidades reales del sector productivo.