Morena Jalisco defendió su impugnación contra los lineamientos aprobados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, los cuales obligan a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres en ocho municipios durante el proceso electoral de 2027.

Los municipios incluidos en esta medida son: Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán, demarcaciones donde no se contempla la reelección para ese proceso y que históricamente han registrado una marcada subrepresentación femenina en cargos de elección popular.

Morena Jalisco sostuvo que su impugnación no representa un retroceso en materia de paridad de género, sino “una defensa firme de la legalidad y de una inclusión real, participativa y con dignidad”.

En comunicado difundido este miércoles, el partido aseguró que quienes lo acusan de “traicionar a las mujeres” —en referencia a los señalamientos de Movimiento Ciudadano (MC)— “deberían revisar la historia reciente”.

•Recordó que con sus siglas se alcanzó la primera Presidencia de la República encabezada por una mujer.

•Afirmó haber impulsado y convertido en ley la paridad en todos los órdenes de gobierno, así como abrir espacios a juventudes, pueblos originarios, población LGBTQ+ y personas con discapacidad.

“Nuestra trayectoria es clara: más gobernadoras, más diputadas y más mujeres al frente de decisiones clave”, subrayó Morena.

El partido acusó a MC de “mentir y manipular” al utilizar la bandera feminista “como instrumento de ataque” y sostuvo que su rival político “ha relegado a sus liderazgos femeninos y construido candidaturas alrededor de hombres de élite”. Según Morena, la postura de MC “instrumentaliza” los derechos de sectores históricamente vulnerados “para conservar privilegios”.

Morena insistió en que la impugnación busca impedir “imposiciones disfrazadas de justicia” y “cuotas sin sustento técnico, sin consulta previa y sin participación de quienes supuestamente se busca beneficiar”.

“El objetivo —añadió— es garantizar que la inclusión se construya ‘desde abajo’, con bases legales, diálogo y legitimidad, no con disposiciones que ‘no resisten el mínimo análisis constitucional’”.