Con el objetivo de reconocer y fortalecer el autogobierno indígena, así como garantizar su derecho a la libre determinación, el Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de Jalisco propuso una reforma constitucional que permita asignar presupuesto directo a los pueblos y comunidades indígenas del estado.

La iniciativa fue presentada por el presidente del grupo parlamentario, el diputado Miguel de la Rosa Figueroa, y busca reformar el artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en concordancia con la reforma aprobada a nivel federal en 2024.

“El presupuesto directo es clave para promover la equidad, compensar las desigualdades históricas y fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas al permitirles gestionar recursos y priorizar proyectos de desarrollo comunitario, cultural y medioambiental”, explicó el diputado Alejandro Barragán Sánchez al presentar la propuesta.

La reforma busca que los pueblos originarios sean reconocidos como sujetos de derecho fiscal dentro de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios, permitiéndoles recibir recursos públicos directamente, sin intermediación municipal.

El planteamiento considera que los pueblos originarios sean incluidos en el Fondo General de Participaciones, tomando como base el número de personas reconocidas por INEGI o el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Se establece que las asignaciones no podrán ser inferiores al 3% del total del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco.

Este mecanismo no afectará las participaciones ordinarias de los municipios. En cambio, se entregarán recursos adicionales a las comunidades indígenas, que serán tratadas como “un municipio más” para efectos del cálculo poblacional, lo que garantiza equidad y autonomía fiscal.

Durante la conferencia de prensa también participaron los legisladores de MORENA:

• Alberto Alfaro García

• Marta Estela Arizmendi Fombona

• Candelaria Ochoa Ávalos

• Martín Franco Cuevas

La bancada morenista reiteró que esta iniciativa es un paso firme hacia la justicia social, la inclusión y el reconocimiento pleno de los derechos históricos de los pueblos originarios del estado.

La propuesta será turnada a comisiones legislativas para su análisis y eventual dictaminación. Se espera que organizaciones indígenas y académicos sean convocados a foros de consulta y participación.