La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara renovó su mesa directiva para el periodo 2026 y, durante la toma de protesta, su nuevo presidente, Jahaziel Omar Castañeda González, llamó al Poder Legislativo a modificar la ley estatal para que la acreditación inmobiliaria deje de ser opcional y se convierta en obligatoria en Jalisco.

El dirigente advirtió que permitir que cualquier persona intermedie en la compraventa de inmuebles sin certificación pone en riesgo el patrimonio de las familias y debilita la certeza jurídica del mercado. Señaló que, aunque se estima que alrededor de 20 mil personas comercializan bienes raíces en la entidad, únicamente 178 se han registrado formalmente bajo el esquema vigente desde 2024.

Castañeda González explicó que los asesores formales deben cumplir con disposiciones como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Norma Oficial Mexicana 247 de la Profeco, así como obligaciones fiscales ante el SAT y reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo incumplimiento puede derivar en multas millonarias e incluso prisión.

Afirmó que mantener la acreditación como voluntaria fomenta prácticas informales, especulación de precios y operaciones en efectivo sin facturación.

Durante la ceremonia también se delineó una agenda de modernización que incluye el lanzamiento de una aplicación digital de AMPI Guadalajara para concentrar herramientas tecnológicas y un catálogo nacional de propiedades. El nuevo presidente defendió además un modelo de desarrollo urbano con vivienda mejor ubicada y servicios cercanos, a fin de evitar largos traslados para las familias.

La vicepresidenta ejecutiva nacional de la AMPI, Marisela Rodríguez Pereira, quien tomó protesta al Consejo Directivo 2026, respaldó la propuesta de profesionalización y certificación, al subrayar que un marco normativo claro distingue a los asesores capacitados y protege el patrimonio de los consumidores.

En representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, la consejera jurídica estatal, Tatiana Anaya Zúñiga, expresó el respaldo del Gobierno de Jalisco al sector inmobiliario y destacó que la certidumbre jurídica es clave para garantizar inversión y seguridad patrimonial.

AMPI Guadalajara, que agrupa a más de 2,800 profesionales en la Zona Metropolitana, celebró además el inicio de una nueva etapa en el marco de su 45 aniversario, colocando como prioridades para 2026 la acreditación obligatoria, la seguridad jurídica y la integración formal del mercado inmobiliario