Una posible crisis constitucional y afectaciones a la certeza jurídica del estado encendieron la alerta en el Congreso local, donde legisladores del Grupo Parlamentario Hagamos urgieron a establecer un calendario límite para aprobar la Reforma Judicial en Jalisco y armonizarla con los cambios federales.

En conferencia de prensa, la diputada Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez, acompañada por Tonatiuh Bravo Padilla y Enrique Velázquez González, advirtió que el plazo para adecuar la Constitución estatal venció en marzo del año pasado, por lo que la entidad acumula casi doce meses de retraso. Recordaron que la elección de jueces y magistrados mediante voto popular deberá celebrarse el primer domingo de junio de 2027, lo que obliga a iniciar el proceso electoral en septiembre de 2026.

Para cumplir con estos tiempos, detallaron que la reforma constitucional y sus leyes secundarias tendrían que aprobarse a más tardar el 31 de mayo de 2026 y publicarse antes del 9 de junio, a fin de que entren en vigor previo al arranque formal del proceso electoral. La ruta planteada ante la Junta de Coordinación Política contempla dictaminar la reforma antes del receso de primavera, enviarla a los ayuntamientos para su validación y emitir la declaratoria de constitucionalidad en abril.

Las y los legisladores advirtieron que, si no se respeta este calendario, a partir de 2027 ningún órgano judicial podría integrarse sin haber sido electo por voto popular, lo que pondría en entredicho la legalidad de sentencias y resoluciones. Finalmente, llamaron a todas las fuerzas políticas a construir acuerdos inmediatos para evitar que Jalisco quede rezagado y garantizar una transición ordenada del sistema judicial con reglas claras y certeza para la ciudadanía.