La diputada Mariana Casillas Guerrero presentó una iniciativa legislativa que busca garantizar en Jalisco el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y universal, con reformas que eliminarían su penalización del Código Penal y lo reconocerían como un servicio esencial dentro de la Ley de Salud del Estado.

Durante una rueda de prensa en el Congreso local, Casillas recordó que en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto en la entidad. Sin embargo, señaló que la reforma aprobada entonces mantiene un límite de 12 semanas de gestación, lo que deja abierta la posibilidad de sancionar a quienes decidan interrumpir su embarazo después de ese periodo.

La propuesta plantea eliminar todas las sanciones legales relacionadas con el aborto e incorporar un capítulo específico en la Ley de Salud estatal que lo reconozca como un servicio público accesible. Asimismo, prevé la creación de protocolos de atención, la capacitación del personal médico, el acceso a medicamentos y métodos seguros, y la regulación de la objeción de conciencia para impedir que se convierta en un obstáculo al ejercicio de este derecho.

Casillas subrayó que la iniciativa también contempla llevar el servicio a zonas rurales y comunidades alejadas, bajo criterios de universalidad, no discriminación y perspectiva de derechos humanos.

En la presentación participó la diputada Tonantzín Cárdenas Méndez, junto con activistas, académicas y representantes de colectivos feministas, quienes coincidieron en que ninguna persona debe ser criminalizada por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo.

Como parte de la jornada legislativa se llevó a cabo un foro con la académica de la Universidad de Guadalajara y representante de “Dosier Jalisco”, Patricia Ortega, y la activista Verónica Correa, cofundadora de la colectiva Mis amigxs me acompañan. Ambas destacaron que el aborto debe tratarse como un tema de salud pública y no como un delito.

De aprobarse, esta reforma colocaría a Jalisco entre los estados del país que garantizan plenamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, asegurando que puedan acceder a servicios de salud integrales y libres de estigmas.