La diputada local Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco, presentó una iniciativa de Acuerdo Legislativo para exhortar a los 125 municipios de Jalisco a implementar incentivos fiscales y facilidades administrativas dirigidas a familias y negocios que resultaron afectados por los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero.

La propuesta plantea que los ayuntamientos otorguen descuentos, prórrogas y condonaciones en contribuciones municipales, como el impuesto predial, multas, recargos y licencias de giro, además de ampliar los periodos de descuentos de pronto pago. La legisladora explicó que estas medidas permitirían apoyar a quienes registraron pérdidas en sus viviendas, bienes materiales o actividades comerciales.

Cárdenas Rodríguez señaló que miles de familias y pequeños negocios enfrentan dificultades económicas tras los incidentes que provocaron bloqueos carreteros, hechos violentos y la activación de un operativo de seguridad en la entidad, situación que derivó en la suspensión de actividades económicas, educativas y comerciales durante el lunes y parte del martes posteriores a los hechos.

La iniciativa también propone que los municipios puedan modificar, en caso necesario, sus leyes de ingresos mediante acuerdos de cabildo para formalizar estímulos temporales, ampliaciones de plazo para el pago de contribuciones y condonaciones parciales o totales de recargos, con el propósito de evitar cierres de negocios y preservar empleos locales.

La legisladora destacó que el planteamiento busca extender los beneficios fiscales ya autorizados hasta marzo e incorporar un periodo adicional que permita a contribuyentes y microempresas enfrentar las afectaciones inmediatas derivadas de la crisis.

El documento fue presentado ante la Oficialía de Partes del Congreso local para agilizar su análisis y discusión. De acuerdo con la diputada, estas medidas no implican renunciar a la recaudación municipal, sino aplicar instrumentos temporales de apoyo que permitan mantener la base contributiva y proteger la economía local.

Paralelamente, el Congreso estatal trabaja en la gestión y coordinación de recursos para la reactivación económica, entre ellos una bolsa cercana a cuatro mil millones de pesos destinada a apoyar negocios y conservar empleos. A estos recursos se sumarían más de 60 millones de pesos provenientes de un fideicomiso creado durante la pandemia, que ahora pasaría a operar de forma obligatoria para garantizar financiamiento continuo.

La diputada, integrante de Movimiento Ciudadano, también hizo un llamado al Gobierno Federal para que participe con recursos adicionales que permitan fortalecer la recuperación económica en la entidad.

“Los municipios, el estado y la federación deben actuar de manera coordinada para apoyar a quienes perdieron su patrimonio o su fuente de ingreso”, señaló la legisladora, al subrayar que muchas micro, pequeñas y medianas empresas registraron pérdidas en mercancías, transporte e infraestructura tras los acontecimientos del 22 de febrero.