Trabajadores del sector naviero de Puerto Vallarta se manifestaron este 3 de diciembre en el estacionamiento de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), para expresar su rechazo al impuesto de 42 dólares que el gobierno federal propone aplicar a cada crucerista que arribe a puertos mexicanos. La medida, que forma parte de los cambios a la Ley Federal de Derechos 2025, busca eliminar la exención vigente de pago por la expedición de documentos migratorios a pasajeros extranjeros en cruceros.

Señalaron que este nuevo gravamen encarecería las operaciones, lo que podría generar una disminución en la llegada de cruceros y afectar directamente a miles de familias cuya economía depende del turismo marítimo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se sumó a las críticas, destacando que el impuesto encarecería el turismo de cruceros en México hasta un 213% en comparación con otros destinos del Caribe. En un comunicado, su presidente en Puerto Vallarta, Francisco Vizcaíno Rendón, señaló que la falta de análisis integral sobre el impacto económico y la sensibilidad de precios pone en riesgo la competitividad del país en el sector turístico.

Coparmex subrayó que, durante los primeros nueve meses de 2024, México recibió 7.2 millones de pasajeros vía crucero, generando ingresos de aproximadamente 600 millones de dólares. Este dinamismo evidencia la importancia del sector para la economía nacional, particularmente en destinos como Puerto Vallarta, Cozumel, Mazatlán y Cabo San Lucas.

La confederación también señaló un trato desigual hacia los pasajeros de cruceros frente a otros turistas internacionales, como los fronterizos, que están exentos de pagar el mismo derecho si permanecen menos de siete días. Además, destacó que la medida podría desalentar la inversión de las principales navieras internacionales, como lo advirtió la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), integrada por 23 líneas de cruceros.

Trabajadores y empresarios coincidieron en que el turismo de cruceros beneficia ampliamente a las economías locales, desde la generación de empleos hasta el incremento en el consumo de bienes y servicios. Por ello, urgieron al Senado a reconsiderar la medida, abrir espacios de diálogo con todos los actores involucrados y priorizar políticas que fortalezcan al sector sin comprometer su competitividad.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para garantizar que los recursos recaudados sean destinados de forma eficiente y que las políticas públicas promuevan el desarrollo sostenible en las comunidades que dependen del turismo marítimo.