El proyecto para construir y operar un nuevo rastro municipal en Tonalá mediante una Asociación Público-Privada (APP) fue cancelado por Sergio Chávez Dávalos, Presidente Municipal de Tonalá, luego de una semana de cuestionamientos públicos por presunto conflicto de interés, nepotismo e irregularidades en la integración del expediente. El tema había sido llevado al Congreso de Jalisco por Montse Pérez Cisneros, diputada de Movimiento Ciudadano, quien pidió revisar la iniciativa antes de cualquier autorización legislativa.

El antecedente se remonta al 25 de enero de 2024, cuando el Cabildo de Tonalá aprobó el cierre definitivo del rastro municipal y abrió la puerta para estudiar una APP que permitiera construir un nuevo matadero fuera de la mancha urbana. En ese momento se argumentó la necesidad de buscar alternativas para mantener el servicio, luego de los problemas operativos y sanitarios acumulados en el antiguo rastro.

La polémica creció cuando se señaló que la empresa Valor de Alimentos Kárnicos, S.A. de C.V., interesada en el proyecto, habría sido fundada por familiares directos de Sergio Chávez Dávalos, Presidente Municipal de Tonalá. De acuerdo con la denuncia presentada en el Congreso, entre los accionistas originales figuraban hermanos del alcalde, quienes habrían salido de la sociedad después de que el Cabildo avaló explorar la APP. La diputada Montse Pérez Cisneros, , también cuestionó que un predio denominado “El Potrero Negro” pasara de estar valuado en 2.7 millones de pesos a 24.8 millones de pesos dentro de la propuesta, además de que la aportación pública municipal aumentara de 18 a 35 millones de pesos sin una explicación técnica suficiente.

El asunto llegó al Pleno del Congreso de Jalisco, donde el dictamen fue retirado de la discusión y devuelto a la Comisión de Hacienda para su revisión. Medios locales reportaron que la APP contemplaba que la empresa operara el rastro durante 25 años, mientras que legisladores de Movimiento Ciudadano insistieron en que el expediente debía regresar con documentación completa y aclaraciones sobre la composición accionaria, los avalúos y la posible existencia de conflicto de interés.

Tras la presión pública, Sergio Chávez, publicó en sus redes sociales que decidió cancelar el proyecto y redireccionar los 35 millones de pesos previstos para este año, también anunció que llevará el caso ante la Fiscalía Anticorrupción para que se revise la documentación y se deslinden responsabilidades.

Con la cancelación, el municipio evita por ahora avanzar en una APP que ya había generado dudas políticas, legales y financieras. Sin embargo, queda pendiente resolver el problema de fondo: Tonalá sigue sin un nuevo rastro municipal y deberá definir una alternativa viable, transparente y sin señalamientos de conflicto de interés para garantizar este servicio público.