Se llevó a cabo un foro dedicado a la implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA-2023, cuyo propósito es establecer un modelo más justo e incluyente para la certificación de la discapacidad en México. El encuentro, organizado por el diputado Alejandro Barragán Sánchez, reunió a especialistas, autoridades de salud, académicos y representantes de la sociedad civil para dialogar sobre los alcances de esta normativa que busca superar el paradigma médico tradicional y adoptar un enfoque de derechos humanos.

La nueva norma plantea un modelo de evaluación integrador, basado en el esquema biopsicosocial, que no sólo considera la condición de salud, sino también las limitaciones en la actividad, restricciones en la participación y barreras del entorno. Esta perspectiva se alinea con tratados internacionales como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Entre los avances más destacados se encuentra la inclusión de personas con padecimientos que actualmente no son contemplados en la clasificación tradicional, como aquellos con diabetes descontrolada que afecta su funcionalidad sin derivar necesariamente en amputaciones o ceguera.

El certificado incluirá un porcentaje de discapacidad determinado por criterios técnicos estandarizados y reconocerá formalmente a las personas de apoyo —madres, padres, tutores o cuidadores— que acompañan a quienes requieren asistencia permanente.

Durante el foro se subrayó la necesidad de que este documento tenga plena validez en programas sociales, educativos, laborales y de movilidad, lo que requiere armonización normativa entre los distintos niveles de gobierno. Asimismo, se destacó que la versión electrónica del certificado incorporará datos sobre barreras del entorno que impiden el acceso al trabajo o a la educación, información clave para la creación de políticas públicas inclusivas.

El encuentro contó con la participación de Manuel Yáñez Hernández, subdirector de Clasificaciones de la Información en Salud; Socorro Piña Montiel, presidenta del Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social (CIDES) A.C.; así como funcionarios públicos y representantes de organizaciones de personas con discapacidad.

La meta, coincidieron los participantes, es establecer un sistema nacional unificado para la certificación de discapacidad, con parámetros homologados, accesibles y respetuosos de los derechos humanos, que permitan a las personas contar con un documento funcional para acceder a apoyos, servicios y oportunidades en condiciones de igualdad.