La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los lineamientos que obligarán a los partidos políticos a postular únicamente mujeres pertenecientes a grupos históricamente vulnerados como comunidades indígenas, personas con discapacidad o integrantes de la diversidad sexual, en la contienda por las presidencias municipales de Zapopan, Tonalá, Chapala, Poncitlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro y San Juan de los Lagos durante el proceso electoral de 2027.

La resolución ratifica lo previamente determinado por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y mantiene vigentes las acciones afirmativas impulsadas dentro de los lineamientos de paridad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), los cuales buscan ampliar la representación política de sectores históricamente excluidos del acceso al poder público.

Durante la sesión pública, la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Rebeca Amador, sostuvo que la medida responde al mandato constitucional de garantizar igualdad sustantiva y diversidad en los espacios de representación política. Según la discusión pública retomada por distintos medios, la resolución considera que el beneficio social de ampliar la inclusión supera las restricciones temporales que pudieran resentir partidos o aspirantes.

Sin embargo, la decisión no quedó exenta de debate. El magistrado Sergio Arturo Guerrero votó en contra al considerar que el IEPC modificó criterios originalmente establecidos en los bloques de paridad, argumento que fue retomado por actores políticos inconformes.

La controversia comenzó desde marzo pasado, cuando el Tribunal Electoral de Jalisco resolvió diversas impugnaciones promovidas contra los lineamientos de paridad emitidos por el IEPC. Morena y otros actores políticos argumentaron que las medidas podían afectar la autodeterminación partidista y el derecho a la reelección; no obstante, las autoridades jurisdiccionales consideraron válidas las acciones afirmativas al tratarse de mecanismos para corregir desigualdades históricas.

Especialistas en materia electoral y organizaciones feministas han señalado que la resolución representa uno de los ejercicios más amplios de paridad incluyente en el país, al combinar la obligatoriedad de postular mujeres con criterios de representación para sectores vulnerados. Colectivos y analistas han destacado que este tipo de medidas buscan romper barreras estructurales que históricamente han limitado el acceso de ciertos grupos a cargos de elección popular.

A pesar de la resolución de la Sala Regional Guadalajara, el caso todavía no está concluido jurídicamente. Las partes inconformes aún pueden acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima instancia jurisdiccional electoral del país, la cual tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad y aplicación definitiva de estos lineamientos rumbo a la elección de 2027