En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Administración de Jalisco, Rafael Orendain Parra, detalló ante legisladoras y legisladores las acciones emprendidas para mejorar la operación del sector público estatal.

Durante la comparecencia, Orendain expuso avances en capacitación, digitalización y modernización de procesos administrativos, así como en la adquisición y arrendamiento de vehículos para corporaciones de seguridad. Informó que 9 mil funcionarios han sido capacitados para fortalecer la eficiencia institucional y defendió el modelo de arrendamiento de patrullas por representar ahorros en mantenimiento y equipamiento.

Uno de los puntos más cuestionados fue la privatización de los corralones. El Secretario explicó que el esquema busca mejorar la vigilancia y disminuir el robo de autopartes, y señaló que solo cinco de los 36 depósitos vehiculares actuales pertenecen al Estado.

También aclaró que Jalisco mantiene derechos sobre 6 por ciento de la infraestructura de la Red Jalisco, y subrayó que las adjudicaciones directas realizadas por la dependencia se encuentran dentro de los límites normativos.

En la ronda de intervenciones, diputadas y diputados expresaron inquietudes sobre la privatización de servicios, el funcionamiento limitado de la Red Jalisco y la falta de estrategias específicas para atender a víctimas de personas desaparecidas.

Asimismo, llamaron a reforzar los mecanismos de control interno, evitar discrecionalidad en el gasto público y apoyar a municipios en temas como laudos laborales y fortalecimiento de áreas prioritarias: seguridad, educación y salud.

Participaron en la discusión las y los legisladores: Leonardo Almaguer Castañeda, Mariana Casillas Guerrero, Brenda Guadalupe Carrera García, Edgar Enrique Velázquez González, Aurelio Fonseca Olivares, Marco Tulio Moya Díaz, Migue de la Rosa Figueroa, Montserrat Pérez Cisneros, Tonantzin Cárdenas Méndez y Alondra Getsemaní Fausto de León.

La revisión de la Secretaría de Administración dejó ver coincidencias en la urgencia de mejorar la transparencia, modernizar servicios públicos y garantizar que las inversiones estatales respondan a las necesidades más apremiantes de la población